La jueza peruana Miluska Cano impuso este jueves una medida preventiva por la que se impide la salida del país durante 18 meses al expresidente Alberto Fujimori, próximo a ser excarcelado gracias a un indulto, para que acuda a las citaciones por el caso Pativilca, una matanza de 6 personas perpetrada en 1992.

La medida, adoptada por la magistrada en una audiencia a petición de la Fiscalía, también incluye la obligación de no ausentarse de Lima, ya que el Tribunal Constitucional restituyó el indulto humanitario otorgado en 2017 al exgobernante (1990-2000).

Cano dijo que estas medidas son prorrogables en vista de la complejidad del caso Pativilca, en el que la Fiscalía pide para Fujimori 25 años de cárcel, la misma pena que se encontraba cumpliendo en la actualidad por otras dos matanzas, como autor mediato (con dominio del hecho) del secuestro, torturas y asesinato de seis hombres en el municipio de Pativilca a manos del grupo militar encubierto Colina.

La defensa de Fujimori había aceptado previamente la solicitud de la Fiscalía, aunque rechazó el argumento del peligro procesal, y su hija mayor Keiko Fujimori había asegurado que su padre iba a acudir a todas las citaciones que los magistrados indiquen, pues no tenía intención de salir del país.

La jueza Cano, de la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Especializada, precisó que Fujimori, de 83 años, deberá informar el día de su liberación el domicilio que tendrá en Lima y que la obligación de concurrir puntualmente a todas las citaciones de la autoridad judicial se cumplirá, salvo que su estado de salud se lo impida.

Expresidente enfermo 

La Justicia también tomará en consideración el internamiento del expresidente en un centro de salud, indicó Cano, dado que Fujimori padece fibrilación ventricular y otras dolencias respiratorias en el informe médico que da sustento a su indulto.

"El tribunal no sólo debe velar por la tutela efectiva de derechos en relación a las víctimas, debe tener en cuenta (también) el estado de salud de (el procesado) Alberto Fujimori", dijo Cano, tras señalar que no ha habido oposición de la fiscalía a la documentación sobre su deteriorado estado de salud.

Asimismo, la magistrada pidió notificar su decisión a las partes y advirtió que, en el caso de un incumplimiento por parte del procesado, procederá a modificar la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva para Fujimori.

La instrucción en el caso Pativilca comenzó en 2012, pero Fujimori no fue incluido como acusado hasta junio de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia de Chile aceptó agregar esta matanza dentro de la extradición que concedió a la Justicia peruana diez años antes.

Otra matanza de los Colina 

Por este caso, la Fiscalía pide 25 años de cárcel contra el expresidente, quien está acusado como autor mediato (con dominio del hecho) del secuestro, tortura y asesinato de seis hombres de entre 17 y 38 años en el municipio de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza.

Los crímenes fueron cometidos por el grupo Colina, el mismo que perpetró las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas, y por los que Fujimori ya fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.

La pena por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, sin embargo, fue exonerada dos veces, la última la semana pasada, cuando el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso interpuesto contra la resolución de la Corte Suprema que, en 2018, dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Ese indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien era congresista en ese momento, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

EFE